Acuerdo editorial contra la violencia

Ayer se firmó un acuerdo editorial contra la violencia en México. Se hizo bajo el amparo de Iniciativa México, una coalición de medios, instituciones educativas, agrupaciones sociales, cuyos objetivos políticos son ambiguos y que fue formada el año pasado para “resaltar las virtudes de un México dinámico y emprendedor”. Hoy esa iniciativa, en un contexto completamente diferente al de su origen, impulsa este decálogo con el fin de normar los criterios editoriales para tratar el tema de la violencia y que suscribieron ayer cerca de 900 medios.

En este momento, es difícil evaluar el significado y las implicaciones de este acuerdo. Por un lado, parece responder a una estrategia estatal para cambiar la “percepción” sobre la violencia en el país, al que una y otra vez se ha referido el presidente de la República. Por otra parte, el acuerdo es referido a un acuerdo semejante signado en 1980 en Colombia en el marco de la guerra contra el tráfico de drogas en ese país. Para algunos, el acuerdo parece ser muy semejante al colombiano, para otros, el acuerdo colombiano no implicaba una autocensura como si lo representa el mexicano.

Hay ya, por supuesto, una discusión abierta sobre lo que la iniciativa implica. La Jornada, por ejemplo, publica un editorial donde critica la iniciativa. En la misma línea se coloca Carmen Aristegui, conductora de MVS y de CNN e indirectamente el periódico Reforma.  El principal argumento contra acuerdo es que éste ataca la diversidad periodística al uniformar la aproximación al fenómeno de la violencia, y al introducir candados que pueden ser comprendidos y tomados como censura periodística y manipulación de la opinión publica.

Yo no iría, sin embargo, tan lejos. El acuerdo tiene algunas virtudes. Es la primera vez que la crítica parece hacer mella en los medios mexicanos -unos medios con poco profesionalismo, muy dependientes informativamente hablando del gobierno, escasamente autocrítcios y en general, de poco valor. La cobertura de la violencia en ellos ha sido de mala calidad, alarmista, inmediatista y efectista, y ha magnificado muchos de los defectos del periodismo mexicano. En este sentido, el acuerdo puede ser, quizás por la vía menos apropiada, una precaria toma de conciencia de ese hecho. Lo digo en particular, por lo que se refiere a algunos de los puntos específicos del acuerdo, como el de  matizar el uso de ciertos términos jurídicos o del “lenguaje del narco”, que habría sin embargo que ampliar al “lenguaje judicial”, que revela la escasa distancia lingüística entre los periodistas y sus fuentes, con las que a menudo se confunden. Esto mismo se puede decir de la intención de  proteger a las víctimas y a los menores, algo que no hicieron la mayoría de los medios que suscriben en el caso Kalimba.

Pero si esto es razonable, el espíritu del acuerdo deja mucho que desear. Apuesta por una distinción entre buenos y malos que no parece obedecer a ninguna realidad. En momentos, parece enunciar que la prensa estará siempre del lado de los buenos y, en cierto modo, define el papel de los medios dentro de la sociedad, en apariencia, alineándolos con los intereses del Estado.

En el fondo, lo que hace sospechar de este acuerdo, es su necesidad. Lo que significa de diagnóstico sobre la calidad de la información de los medios. ¿Son estos medios, los que sistemáticamente en el último año han violado casi cada linea de cualquier código de ética periodísticas, los que se comprometen a hacer cumplir ahora un acuerdo que se propone modificar algunas de sus prácticas más comunes?

Iniciativa México es un cascarón propagandístico, nada más. Es de esperar que el acuerdo quede en eso. En un acto de propaganda, sin efectos. En el fondo, el evento parece más un acto corporativo, que una toma de conciencia. Más un acto mediático, que una política.